Mafia de los pagarés: piden suspender matrículas de abogados procesados

El caso de la mafia de los pagarés volvió a instalarse en la agenda judicial tras un pedido directo dentro de la Corte Suprema de Justicia. El ministro César Antonio Garay Zuccolillo solicitó suspender las matrículas de abogados procesados en estas causas.

El planteamiento se realizó durante una sesión plenaria de la Corte Suprema. Garay dirigió su pedido al Consejo de Superintendencia, integrado por Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera y Gustavo Santander Dans.

El ministro sostuvo que su intervención responde al reclamo ciudadano y de las víctimas. Según expresó, el pedido busca frenar la actuación de profesionales que continúan litigando pese a estar procesados.

Pedido de suspensión por mafia de los pagarés

Durante su exposición, Garay fue enfático al solicitar la suspensión preventiva de matrículas. Señaló que se trata de abogados que siguen ejerciendo en causas vinculadas a la mafia de los pagarés.

En el pleno de la Corte hubo un debate sobre el pedido que hizo el ministro César Garay, con relación a la suspensión de la matrícula de los abogados acusados en el caso de la mafía de los pagarés @1000_am

Calificó de «agresivo» el hecho de que esos abogados » estén… pic.twitter.com/tVjJtQbqbF

— Perla Silguero Zárate (@PerlaSilguero) April 15, 2026

El ministro afirmó que su planteamiento busca atender el clamor social. En ese sentido, expresó que habla “urgiendo el clamor de la ciudadanía, no solo de las víctimas, sino de las personas de bien”.

Asimismo, cuestionó que los profesionales continúen promoviendo acciones judiciales. Calificó como “agresivo” que sigan presentando demandas consideradas irregulares contra sectores vulnerables.

Cuestionamientos al sistema judicial

Garay también se refirió al impacto del esquema sobre las víctimas. Indicó que muchas personas firmaron documentos en condiciones irregulares, en algunos casos con pagarés presuntamente apócrifos.

Según explicó, los afectados incluyen maestras y enfermeras. Estas personas habrían actuado de buena fe, con conocimientos jurídicos limitados o inexistentes.

El ministro sostuvo que existen abogados imputados, acusados o con juicio oral pendiente que siguen ejerciendo. Además, mencionó denuncias sobre vaciamiento de cuentas en perjuicio de las víctimas.

Finalmente, instó al Consejo de Superintendencia a tomar medidas urgentes. Señaló que la situación genera desgaste institucional y afecta la credibilidad del sistema judicial.

Fuente: ABC Color