Retiran tobillera electrónica a funcionaria judicial imputada

La tobillera electrónica fue retirada a la funcionaria judicial Antonia Galeano por disposición del juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.
La decisión se dio en el marco de una causa por presunto pedido de coima para gestionar medidas alternativas a favor de un procesado por tenencia de drogas. El magistrado mantuvo el arresto domiciliario y otras restricciones vigentes en el proceso.

El caso involucra a la funcionaria judicial Antonia Galeano, imputada por la Fiscalía por hechos de cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias. La investigación está a cargo de la agente fiscal Yeimi Adle, en el departamento de San Lorenzo.

El juez Humberto Otazú resolvió levantar la tobillera electrónica, aplicada hace poco más de un mes, el 6 de mayo. Sin embargo, se mantuvieron medidas como el arresto domiciliario y la prohibición de salir del país.

Tobillera electrónica en funcionaria judicial: ¿qué resolvió el juez?

El Juzgado de Delitos Económicos explicó que la medida fue revisada a pedido de la defensa. El abogado Alexis Pentiel argumentó que la procesada fue suspendida sin goce de sueldo.

Según la defensa, esta situación le impide afrontar el costo del dispositivo de control electrónico. Por lo tanto, se solicitó la revisión de la medida cautelar impuesta inicialmente.

El juez evaluó el pedido y resolvió levantar únicamente la tobillera electrónica. El resto de las restricciones procesales se mantuvieron sin modificaciones.

En un operativo liderado por la fiscal Yeimi Adle, de la Unidad Especializada Anticorrupción, se logró la detención de una mujer tras una entrega vigilada de dinero @1000_am

El procedimiento contó con el respaldo de la Policía Nacional y marca el inicio de una investigación… pic.twitter.com/ZZrmW8vqqL

— Perla Silguero Zárate (@PerlaSilguero) May 5, 2026

¿Cuál es la causa contra la funcionaria judicial en San Lorenzo?

De acuerdo con la investigación fiscal, Antonia Galeano habría ofrecido intermediar ante funcionarios judiciales del Juzgado Penal de Garantías N° 1 de San Lorenzo. El objetivo habría sido conseguir arresto domiciliario con control electrónico para un procesado por drogas.

La Fiscalía sostiene que los hechos investigados incluyen presuntas gestiones irregulares dentro del sistema judicial. El caso sigue en etapa de investigación bajo la supervisión del Ministerio Público.

La funcionaria permanece bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial. Las medidas fueron dispuestas para asegurar su sometimiento a la causa.

Fuente: Pds. digital