Municipalidad de Asunción paga G. 100 millones a extrabajador tras 20 años de litigio

La Municipalidad de Asunción concretó el pago de G. 100 millones a Victorino Soto Mendoza, un exfuncionario administrativo despedido en enero de 2005. La indemnización puso fin a un litigio judicial que se extendió durante dos décadas y culminó con un fallo firme a favor del trabajador. El caso cobró notoriedad porque la demora en el cumplimiento de la sentencia expuso al intendente Luis Bello a una eventual imputación por desacato.

La confirmación del pago fue realizada por el abogado Raúl Mongelós, representante legal de Soto Mendoza, a través de la cuenta de su estudio jurídico en Instagram. El monto abonado comprende G. 20 millones correspondientes al capital de la condena, además de los intereses acumulados durante 20 años y las costas procesales.

Victorino Soto Mendoza trabajó durante 10 años y ocho meses en la comuna capitalina bajo la figura de contratado. Sin embargo, fue desvinculado de manera unilateral en 2005. El conflicto llegó hasta la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que concluyó que existía una verdadera relación de dependencia, pese a que el vínculo había sido denominado como “servicios civiles”

La Corte confirmó que existió un despido injustificado

El máximo tribunal sostuvo que el trabajador cumplía horarios y recibía órdenes jerárquicas, elementos que configuraban una relación laboral. Con ese criterio, declaró que el despido constituyó un acto ilícito y dejó firme la condena contra la Municipalidad de Asunción.

Pese a la sentencia definitiva, la comuna demoró durante varios años el cumplimiento del fallo. Esa situación obligó al trabajador a continuar con las acciones judiciales para obtener el cobro de la indemnización reconocida por la Justicia.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Estudio Jurídico Mongelós (@emong_elos)

La demora expuso al intendente a un posible desacato

La semana pasada, el caso volvió a cobrar relevancia cuando el juzgado de la causa ordenó por segunda vez remitir los antecedentes al fuero penal. La medida respondía al incumplimiento de la orden judicial y abría la posibilidad de investigar un presunto desacato.

Finalmente, este lunes se concretó el pago de la indemnización y concluyó un proceso judicial iniciado hace 20 años. El caso atravesó varias administraciones municipales antes de que la sentencia fuera cumplida en su totalidad.

Fuente: ABC C.